EL AYUNTAMIENTO DE PALOMARES RECIBIÓ Y SE GASTÓ DINERO DE LOS FIRMANTES DEL CONVENIO DE LA CORNISA, A PESAR DE QUE ESTÁ PROHIBIDO.

 

ADTA (www.adta.es) ha dado a conocer el siguiente comunicado:

 

En noviembre de 2005 fue aprobada la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, que modifica en su artículo 24 apartado 3, el artículo 30 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que restringía la percepción de cantidades a cuenta por convenios urbanísticos.

 

El Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla) aprobó unas semanas después (30/12/2005) de la entrada en vigor de dicha norma, una Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la realización de Actividades Urbanísticas y varios meses después (23/03/2006) aprobó un Convenio Urbanístico (cuyas determinaciones han sido incluidas en la Aprobación Inicial del PGOU ; es el que afecta a los terrenos protegidos de "La Cornisa Este del Aljarafe"), con varias empresas.

 

Según hemos podido saber recientemente, el ayuntamiento recibió de dichas empresas en concepto de “Tasas Urbanísticas” y en varios pagos (31/12/2005 y 31/07/2006),  cantidades por un importe total superior a los 3.200.000 euros. Y se los ha gastado.

 

La percepción de dichas cantidades NO obedece a ninguna obra de urbanización, siendo el único negocio de dichas empresas con el Ayuntamiento de Palomares el citado Convenio. Por ello, el cobro, presuntamente indebido, de dichas tasas es también presuntamente un cobro a cuenta por el convenio suscrito.

 

La eficacia de la reforma de la ley es por tanto muy discutible en ese apartado y podría ser la explicación a que se hayan seguido firmando convenios sin ninguna protesta.

 

Estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

 

Está prohibido por la ley gastar dinero de los convenios antes de aprobarse el plan, precisamente para evitar estas situaciones  en las que se condiciona el planeamiento. En efecto, previsiblemente, no se podrán llevar a término las cláusulas del convenio, ya que se trata de un suelo protegido;  pero el dinero que PP-UIPR se ha gastado para mantener el insostenible y monstruoso aparato administrativo, en su intento de ganar las elecciones,  lo tendremos que pagar ahora todos. Esperemos que el nuevo gobierno no caiga en la tentación, por razones económicas, de defender el convenio y urbanizar esos terrenos. Los firmantes son responsables de la situación y bien merecen que si se les tiene que devolver el dinero, se pongan a la cola de los acreedores y cobren dentro de 30 ó 40 años, ó 100...